Una serie de llamadas realizadas por altos funcionarios del Ministerio del Interior ha desatado un fuerte escándalo y cuestionamientos sobre la manipulación de pruebas en el caso de violación que involucra al exsubsecretario Manuel Monsalve. Monsalve, junto a su jefe de gabinete, Gabriel De la Fuente, y otros funcionarios clave, contactaron a la denunciante justo antes de que ella formalizara su acusación en el Ministerio Público.

Todo comenzó el 4 de octubre, cuando Monsalve y la denunciante, quien se encontraba en una delicada situación médica, sostuvieron una reunión. Durante este encuentro, la denunciante dejó claro que no dio su consentimiento respecto a los hechos que ocurrieron entre el 22 y 23 de septiembre en el Hotel Panamericano. Sin embargo, una semana después, y justo cuando la denunciante inició su licencia médica el 8 de octubre, los intentos de contacto comenzaron. Se registraron al menos nueve intentos de llamadas entre el 9 y 11 de octubre.

La denunciante, que ya había informado a sus superiores sobre su estado de salud, no respondió a estas llamadas, lo que planteó serias dudas sobre la intención de los funcionarios del ministerio. Según fuentes cercanas al caso, ella consideró excesivos estos intentos de contacto y lo reportó a la fiscalía.

La secuencia de los acontecimientos es inquietante. Mientras estaba inhabilitada por motivos de salud, los funcionarios insistieron en comunicarse con ella, lo que provocó que la denunciante temiera por su seguridad. El 14 de octubre, fue precisamente ese ambiente de presión el que la impulsó, junto a su padre, a presentar oficialmente su denuncia por violación en la Fiscalía Metropolitana Norte.

Una figura clave en este entramado es Gabriel De la Fuente, quien, de acuerdo con diversas fuentes, fue el único funcionario que conocía detalles de la salida de Monsalve con la denunciante. La Fiscalía ahora investiga qué información había compartido De la Fuente y con quién más.

Como si esto no fuera suficiente, la exasesora de comunicación de la Coordinación Nacional de Ciberseguridad, Ilse Sepúlveda, también intentó influir en la decisión de la denunciante. Según reportes, Sepúlveda visitó a la funcionaria en dos ocasiones, sugiriendo la necesidad de denunciar y al mismo tiempo advirtiendo sobre las posibles repercusiones que podría enfrentar.

Este escándalo no solo refleja una supuesta falta de ética en las altas esferas del gobierno, sino que también plantea interrogantes sobre la protección de las víctimas de delitos sexuales en un entorno donde las dinámicas de poder son abrumadoras. La Fiscalía sigue adelante con la investigación, y la presión pública para obtener respuestas y justicia aumenta con cada revelación que sale a la luz.