Un médico que ejercía como profesor en un hospital ha presentado una denuncia después de ser señalado en Instagram como responsable del suicidio de un estudiante de medicina que estaba bajo su tutela. Este trágico suceso ha causado conmoción en la comunidad médica y académica.

De acuerdo con un fallo judicial, las publicaciones realizadas por una mujer en la red social no solo contenían insultos y amenazas, sino que también expusieron datos personales del médico, poniendo en riesgo su seguridad y privacidad. La Corte de Valparaíso subrayó que estas acciones no solo perjudicaron gravemente la reputación del médico, sino que le causaron altos niveles de ansiedad y estrés, siendo incapaz de continuar con su labor profesional.

El médico argumentó que las decisiones relacionadas con las evaluaciones del estudiante se tomaron de manera colectiva, cumpliendo con las normativas establecidas por la universidad. Aseguró que las acusaciones eran infundadas y que las publicaciones tuvieron un impacto devastador en su vida personal y profesional. Además, mencionó que la misma mujer había atacado a otros colegas en las redes sociales, creando un clima hostil en su entorno laboral.

En este contexto, la Corte de Valparaíso, tras revisar el caso y las pruebas presentadas, decidió a favor del médico, afirmando que las publicaciones dañaban no solo su honra, sino también su estado mental. El tribunal enfatizó que la libertad de expresión no puede servir como excusa para difundir agravios, amenazas o información personal sensible.

Como resultado, la Corte ordenó a la mujer eliminar todas las publicaciones ofensivas y se le prohibió hacer comentarios similares en redes sociales. Sin embargo, el caso llegó hasta la Corte Suprema, que respaldó la decisión de Valparaíso, aunque puntualizó que no podían impedir a la mujer hacer futuras publicaciones sin que esto se interpretara como censura.

Este incidente ha puesto en tela de juicio la responsabilidad de los profesionales de la salud y el manejo de las redes sociales, y ha generado un debate sobre el uso de estas plataformas para lanzar acusaciones que pueden dañar la vida de las personas. La comunidad médica espera que este fallo sirva como un precedente para proteger la integridad de los profesionales ante ataques injustificados.