Una alarmante situación ha salido a la luz en el Gobierno Regional del Bío Bío, tras el diagnóstico realizado sobre el legado del ex gobernador Rodrigo Díaz. Las auditorías preliminares, entregadas por el actual gobernador Sergio Giacaman a tan solo dos semanas de asumir el cargo, revelan que la administración anterior dejó una deuda total de más de $15 mil millones de pesos con empresas contratistas. Este monto ha dejado a muchas de estas empresas al borde de la quiebra debido a servicios prestados sin pago.

Los hallazgos no son solo preocupantes por la deuda acumulada, sino también por la alarmante ejecución presupuestaria, que no alcanzó el 90% en 2024. De hecho, durante 2023 y 2024, se habían aprobado un total de 268 proyectos para asignaciones directas, de los cuales solo se transfirieron recursos a 16, dejando a 252 organizaciones sin recibir los $1.600 millones de pesos que les correspondían. Aún más preocupante es que, el año pasado, se presentaron 2.150 iniciativas, ninguna de las cuales fue evaluada.

El gobernador Giacaman ha calificado esta baja ejecución, que se sitúa en un 89.5%, como un hecho sin precedentes, señalando que el Gobierno Regional se encontró prácticamente paralizado durante la administración anterior.

Para afrontar esta compleja situación, se le ha encomendado al director de la División de Presupuesto, Juan Pablo González, la tarea de encontrar los recursos necesarios para pagar las deudas y evitar que las empresas contratistas desaparezcan. Además, se busca reanudar proyectos importantes, como la mantención de caminos en la comuna de Tomé.

El panorama se complica aún más, ya que todos los recursos que no fueron pagados bajo la administración de Rodrigo Díaz tendrán que ser absorbidos del presupuesto de 2025, lo que limitará considerablemente los fondos disponibles para la gestión de Sergio Giacaman. La situación presenta un gran desafío que requerirá no solo una gestión eficiente, sino también un replanteamiento total de las prioridades en el gasto público, para restablecer la confianza en el gobierno y asegurar la continuidad de los servicios en la región.