Renuncia de Rodrigo Díaz

El 6 de enero, el ahora ex gobernador Rodrigo Díaz dejó su cargo tras cuatro años de administración marcada por controversias, especialmente por el caso de los convenios, donde el Gobierno Regional del Biobío estuvo implicado en situaciones como el caso de Camila Polizzi y la fundación Bonhomía.

Impacto del escándalo

Casi dos años después de que estallara el escándalo de los convenios, las consecuencias siguen siendo importantes. Apenas dos semanas antes de finalizar su mandato, la administración de Díaz recibió los últimos informes relacionados con convenios firmados con fundaciones.

Proyectos bajo la lupa

Tres proyectos han estado en la mira, ejecutados con la Corporación Artistas del Acero y la Fundación Artesanías de Chile. La Contraloría llevó a cabo una fiscalización tras una denuncia del ingeniero comercial Jorge Condeza, quien expresó su preocupación por las irregularidades encontradas tras cada revisión de convenios: “La Contraloría ha identificado numerosas fallas que generan realmente alarma”.

Deficiencias en fiscalización

La investigación se centró en el monitoreo de programas desarrollados entre junio de 2021 y junio de 2024, donde se evidencian graves deficiencias en la fiscalización por parte del Gobierno Regional. En total, se comprometieron más de $1.490 millones en estos proyectos.

Retrasos en la firma de acuerdos

Además, se encontraron importantes retrasos en la firma de los “Acuerdos Operativos”, los cuales establecen el inicio de las actividades programadas. En ciertos casos, se firmaron hasta 90 días después de la transferencia de los fondos.

Problemas detectados

La lista de problemas incluye demoras en la aprobación de rendiciones de gastos y la falta de revisiones técnicas y financieras. Ante la gravedad de los hallazgos, la Contraloría envió los informes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.

Conflictos de interés

Lo que se ha revelado en estos informes resuena con situaciones en otras regiones, incluyendo conflictos de interés en los convenios y contrataciones a empresas recién creadas. La administración de Díaz no ha escapado a la escrutinio de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, que investiga más de $90 mil millones en el marco del caso de convenios.

El caso de la Fundación Artesanías de Chile

El proyecto “Capacitación y apoyo artesanía tradicional” de la Fundación Artesanías de Chile era uno de los que atraía la atención. Con un costo de $180 millones, el Gobierno Regional entregó el dinero en una sola cuota y sin exigir una garantía. A pesar de que la entrega de recursos ocurrió en octubre de 2021, el proyecto empezó a ejecutarse 5 meses más tarde. Sorprendentemente, solo se capacitaron 207 personas de las 307 previstas.

Problemas financieros

El convenio se extendió hasta diciembre de 2023, pero hasta junio de 2024, solo se habían aprobado rendiciones por un total de $55.963.838, incluyendo $31.691.771 en gastos no acreditados.

Gastos no justificados

El ingeniero Condeza ha señalado que muchos gastos se destinaron a la compra de artesanías de la región, lo que podría interpretarse como una subvención, lo cual está prohibido por la ley de presupuesto.

Proyectos de la Corporación Cultural Artistas del Acero

Por otro lado, la Corporación Cultural Artistas del Acero ejecutó dos proyectos significativos con la ayuda del Gobierno Regional, incluyendo “Capacitación y Difusión de las Orquestas Juveniles e Infantiles de la Región del Biobío”. En estos convenios, que suman un total de $1.311.005.121, también hubo problemas con los plazos de las rendiciones, superando los 190 días hábiles en algunos casos.

Vínculos familiares y transparencia

Particularmente alarmante es el hecho de que se detectara que una empresa, Küyen Medialab SpA, que comenzó a operar justo después de la aprobación del último convenio, tenía vínculos familiares con la corporación beneficiada. Guillermina Weber Álvarez, quien se encargó de logística del programa “Crear Para No Olvidar”, es hermana del gerente de la corporación, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia en estas contrataciones.

Nueva administración y auditorías

La nueva administración, liderada por el Gobernador Sergio Giacaman (UDI), ha manifestado su intención de revisar en profundidad todos los convenios y solicitar auditorías externas, lo que podría implicar una valiente lucha contra la corrupción que ha ensombrecido al Gobierno Regional.