Recientemente, el pasado miércoles, el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, ubicado en Viña del Mar, se convirtió en el escenario de un controversial encuentro entre el Presidente Gabriel Boric y destacados miembros del oficialismo, como presidentes de partidos, alcaldes y gobernadores electos. La reunión, que se llevó a cabo para evaluar los resultados de las elecciones municipales y regionales, se extendió por más de cuatro horas y concluyó con un asado que generó numerosas críticas y dudas sobre su legalidad.

A raíz de este evento, los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) tomaron la iniciativa y oficiaron a la Contraloría General de la República (CGR) para investigar la legalidad del encuentro y del asado. En su carta, los diputados Juan Manuel Fuenzalida y Cristián Labbé señalaron que la reunión, que incluyó una convivencia informal, plantea serias preocupaciones respecto al uso de recursos públicos y el cumplimiento de la normativa vigente.

Según el artículo 19 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, "el personal de la Administración del Estado estará impedido de realizar cualquier actividad política dentro de la Administración". Adicionalmente, el artículo 2 de la ley N° 20.880 sobre probidad en la función pública, establece que todas las funciones deben ejecutarse en conformidad con las leyes y la Constitución, respetando el principio de probidad, cuyo incumplimiento puede acarrear sanciones.

En su solicitud, la UDI exige ser informada sobre la hora de inicio y término del encuentro, la legalidad de la reunión y el origen de los recursos que financiaron el asado, añadiendo que también deberían presentarse documentos que validen los gastos asociados.

Gustavo Benavente, jefe de la bancada de la UDI, afirmó que en un contexto de crisis política, caracterizado por creciente inseguridad y una economía estancada, es difícil comprender cómo el Presidente Boric puede llevar a cabo actividades de camaradería. Benavente destacó que, en un momento en que la ciudadanía enfrenta múltiples desafíos, este tipo de eventos parece un desaire hacia las preocupaciones del pueblo.

La contoversia no solo toca aspectos legales, sino que también plantea interrogantes sobre la ética de la administración actual. Los ciudadanos merecen una respuesta transparente sobre el uso de recursos públicos, el número de asistentes y los costos de estas actividades en tiempos complicados para el país. La presión aumenta sobre el Gobierno, mientras la UDI insiste en un llamado a la transparencia.

Se esperan reacciones tanto del Palacio de La Moneda como de la opinión pública, ya que el escándalo no hace más que aumentar la tensión en un clima político ya frágil. ¿Cómo responderá el presidente Boric? ¿La transparencia será realmente una prioridad para su administración?