El escándalo que rodea al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sigue creciendo y ahora se ha tornado hacia el Estado. La funcionaria que denunció a Monsalve por acoso laboral, acoso sexual y violencia ha presentado una medida prejudicial en contra del Gobierno, exigiendo el acceso a 27 documentos que pueden ser cruciales para el desarrollo del caso.

Monsalve, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Pedro Yáber de Santiago, enfrenta serias acusaciones por delitos de violación y abuso sexual. La denunciante, de 32 años, no solo lucha por su justicia, sino que también señala una grave falla en el deber de protección que el Estado debería garantizar a sus funcionarios.

La demanda de entrega de documentos fue presentada el 26 de diciembre ante el 2° Juzgado de Letras de Santiago y abarca una variedad de materiales, incluyendo correos electrónicos, agendas laborales y detalles sobre viajes y reservas de hotel, que podrían demostrar la falta de acción del Estado en este caso.

María Elena Santibáñez, la abogada de la querellante, subrayó que la solicitud se centra exclusivamente en cuestiones que involucran el entorno laboral, enfatizando la responsabilidad que tiene el Estado de proteger a sus empleados.

Desde el ámbito político, la situación ha generado reacciones. El diputado Miguel Mellado, presidente de la comisión especial investigadora del caso Monsalve, afirmó que esta situación revela la falta de una red de contención por parte del Gobierno. Por su parte, la diputada Carolina Tello del Frente Amplio expresó su confianza en que el Ejecutivo actuará con transparencia, facilitando la información necesaria para avanzar hacia la justicia y la reparación de la denuncia.

Este caso no solo ha imperado en las noticias actuales, sino que también plantea serias preguntas sobre la protección de los derechos de los trabajadores y las fallas estructurales dentro de las instituciones gubernamentales. A medida que la situación sigue desarrollándose, el público espera respuestas claras y acciones concretas que garanticen la seguridad de todos los funcionarios públicos.