Este lunes, después de las 08:30, comenzó la formalización del alcalde reelecto de Coronel, Boris Chamorro, junto con otros seis implicados en un alarmante caso de cohecho, delitos tributarios y administración desleal.

Entre los acusados se encuentra el exconcejal del Partido Socialista, Eduardo Araya, así como varios exejecutivos de Puerto Coronel: Eduardo Hartwig, fundador y expresidente de la empresa; Javier Anwandter, exgerente; y Daniel Chamorro, exgerente de administración y finanzas.

La fiscal Anticorrupción, María José Aguayo, investiga tres aristas principales surgidas de una denuncia realizada el 21 de noviembre de 2023 por parte de Patricio Román, actual gerente general de Puerto Coronel.

Líneas de investigación

La primera línea de investigación se centra en los sobornos presuntamente entregados por la empresa al alcalde Boris Chamorro, al concejal Eduardo Araya y a cuatro líderes sindicales, quienes aún no han sido formalizados.

La segunda apunta a la intervención de pequeñas y medianas empresas proveedoras del puerto, que habrían facilitado facturas ideológicamente falsas para justificar la salida de dinero destinado a sobornos, además de recursos que terminaron en los bolsillos de exejecutivos.

La tercera arista involucra directamente a los altos ejecutivos de Puerto Coronel, quienes supuestamente ordenaron y ejecutaron un modus operandi para realizar pagos irregulares.

Cabe resaltar que el alcalde Boris Chamorro asumió su cargo nuevamente el pasado viernes 6 de diciembre, a pesar de que la investigación en su contra está en curso.

Corrupción en Puerto Coronel

La denuncia sostiene que aquellos que dirigieron Puerto Coronel hasta la llegada de Román no solo sobornaron a figuras como el alcalde y el concejal, sino que también defraudaron a la empresa para fines personales.

Según información obtenida por Radio Bío Bío, Eduardo Hartwig habría desviado a sus cuentas personales 5,000 unidades de fomento anuales a través de facturas emitidas por la sociedad Codegua, sin que se conozca cuándo inició tales actividades ilegales.

Además, el Servicio de Impuestos Internos (SII) ha presentado una querella criminal por delitos tributarios contra exejecutivos y contratistas de Puerto Coronel. La querella incluye a los empresarios Víctor Olivares y Hernán Romero, este último hermano del parlamentario opositor Leonidas Romero.

La querella, presentada en el Juzgado de Garantía de Coronel el 3 de octubre, fue admitida el 7 de octubre, lo que abre un camino legal en este escabroso caso.

Los hechos denunciados incluyen maniobras maliciosas para inflar el monto de créditos fiscales del IVA mediante el uso de facturas falsas, así como la indebida devolución de impuestos y la facilitación de documentos falsos para facilitar delitos tributarios. La investigación abarca el periodo fiscal entre 2019 y 2023, y se estima que los fraudes han ocasionado un perjuicio fiscal total de $497,477,513 (cifra actualizada a septiembre de 2024).

Este escándalo no solo pone en entredicho la integridad de los funcionarios involucrados, sino que también lanza una sombra sobre la transparencia de las administraciones municipales y la gestión de recursos públicos en Chile. ¿Es este el fin de la carrera política de Boris Chamorro? Sus seguidores se preguntan cómo se desarrollarán los hechos en las próximas semanas.