La Contraloría General de la República ha dado a conocer que se ha abierto un sumario al interior de la Policía de Investigaciones (PDI) debido a la alarmante pérdida de pruebas clave en el caso de una violación grupal que involucra a excadetes del equipo de fútbol Cobreloa.

El anuncio fue realizado a través de la red social X (anteriormente Twitter), donde la entidad afirmó: “Iniciamos sumario para determinar las responsabilidades administrativas en las que hayan podido incurrir funcionarios de la institución policial.”

Dentro de los hechos destacados, la situación se remonta a 2021, cuando una joven denunció haber sido víctima de una violación grupal por parte de nueve excadetes de Cobreloa durante una fiesta en Calama, organizada en el contexto de las celebraciones de Fiestas Patrias.

Recientemente, se conoció que una parte fundamental de la investigación, el vestido negro que llevaba la víctima la noche de la agresión, ha desaparecido. Este vestido había sido recolectado por la policía el 18 de septiembre de 2021 y ahora se encuentra extraviado. Esta pérdida complica significativamente el avance del caso, que ya ha captado la atención de numerosos medios y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.

Los hechos articulares sucedieron entre la noche del 16 y la madrugada del 17 de septiembre de 2021, donde según testimonios, la mujer mantuvo el silencio por un tiempo debido a la vergüenza antes de decidir denunciar a sus agresores gracias al apoyo de familiares y amigos.

Como resultado de la investigación, la PDI ha llevado a cabo operativos en varias ciudades, incluyendo Osorno, Santiago y Calama, donde se han detenido a los imputados en sus domicilios. La magnitud de este escándalo ha generado una ola de indignación en la sociedad chilena, y parlamentarios han solicitado la comparecencia del director de la PDI, Eduardo Cerna, ante el Congreso.

Este caso no solo resalta la importancia de la acción policial adecuada en situaciones de violencia de género, sino también la necesidad de mantener la integridad de las evidencias para garantizar que la justicia prevalezca.