Uno de los legados más dañinos que nos dejó el Siglo de las interrupciones constitucionales son las políticas implementadas por los gobiernos militares que despojaron a las universidades argentinas de sus investigadores. Para ello, utilizaron perversamente una institución de gran prestigio, el CONICET, creando institutos independientes fuera del ámbito universitario, lo cual afectó gravemente la producción de conocimiento y su transferencia a la sociedad.

Hoy, a 40 años del regreso a la democracia, es imperativo evaluar el impacto de estas políticas en la comunidad científica y tecnológica, que fue la más perjudicada. Aunque diversos gobiernos democráticos desde 1983 han intentado redirigir las políticas de educación superior, ciencia y tecnología, el bicefalismo que perdura en el sistema educativo es una herencia que no se ha podido resolver.

Hasta finales de 2023, Argentina cuenta con 61 universidades e institutos universitarios nacionales públicos y 64 privados, entre otros. En total, 132 instituciones que generan conocimiento y promueven la cultura. Según un anuario de la Secretaría de Políticas Universitarias, en 2021 había 142.464 docentes trabajando en universidades estatales. Este enorme caudal de profesores e investigadores es vital para el avance académico y la conectividad social.

Además, el CONICET reúne 323 institutos, con más del 80% de ellos en dependencia compartida con universidades. La carrera del investigador científico, que incluye a 12.009 investigadores, exige un alto nivel de exigencia y ha sido clave para posicionar a Argentina entre los mejores en el ámbito de la investigación científica a nivel mundial.

Sin embargo, la separación de los ministerios de educación y ciencia complica la situación. Las universidades, que son autónomas, se vinculan al Estado a través de un ministerio, mientras que el CONICET lo hace a través de otro. Como resultado, casi el 60% de los investigadores se evalúan en dos sistemas diferentes, generando confusión y limitando la efectividad de sus labores.

El debate sobre quién establece las prioridades de investigación es crucial. Es necesario que estas decisiones provengan de un único organismo que coordine las acciones entre ambos sistemas, evitando la fragmentación que resta fuerza a la producción científica.

La propuesta es clara: establecer un Ministerio unificado que contemple Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Es esencial separar la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación y crear un nuevo enfoque que integre todas las esferas funcionales bajo un solo propósito.

La reintegración de los sistemas educativos no será fácil, pero es un paso necesario para potenciar la capacidad de nuestros científicos y tecnólogos. Argentina tiene el potencial de ser líder en educación y ciencia, pero necesita un marco organizativo que refleje esta ambición.

En resumen, romper el bicefalismo que ha afectado a la educación y la ciencia en Argentina es vital para el desarrollo nacional. Reestructurar el funcionamiento de la educación superior será el motor para un futuro donde el conocimiento y la innovación sean el corazón de nuestra sociedad.