Este jueves, el Tribunal Constitucional (TC) chileno tomó una decisión histórica al destituir a la senadora Isabel Allende Bussi, representante del Partido Socialista y figura clave en la política chilena, con ocho votos a favor y dos en contra. La destitución está relacionada con el intento fallido de venta de la icónica casa de su padre, Salvador Allende, el expresidente que fue depuesto por un golpe militar en 1973.

El Gobierno de Gabriel Boric había propuesto adquirir esta propiedad, ubicada en la calle Guardia Vieja, en Providencia, Santiago, con la intención de convertirla en un museo en homenaje a Allende. Aunque la senadora estaba dispuesta a vender, el proceso fue cancelado por una serie de errores administrativos y la controversia política que rodeó la situación. En consecuencia, el TC determinó que Allende había infringido la Constitución al celebrar un contrato con el Estado, lo que motivó su destitución tras más de tres décadas de servicio en el Senado.

La decisión del TC no solo afecta a la familia Allende, que ha sido un símbolo de la lucha por la democracia en Chile, sino que también supone un golpe para el Partido Socialista y el Gobierno de Boric. Opositores han declarado que esta situación evidencia la negligencia de la administración actual. Isabel Allende, quien fue la primera mujer en presidir el Senado chileno, ha expresado su descontento con la decisión del TC, alegando que siempre actuó de buena fe y que nunca recibió compensación alguna por el acuerdo que finalmente no se llevó a cabo.

No es la primera vez que la familia Allende enfrenta problemas en la política. Tras el fallo, su sobrina, Maya Fernández Allende, renunció como ministra de Defensa hace menos de un mes, también debido a cuestiones políticas relacionadas. Esta serie de eventos ha encendido un debate sobre el legado de la familia Allende y su rol en la política actual de Chile, un país que todavía se enfrenta a las sombras de su pasado dictatorial.

Allende ha manifestado en múltiples ocasiones su compromiso con la memoria de su padre. "La memoria del presidente Allende permanecerá intacta, y su legado político seguirá vivo en la historia de Chile", afirmó en un comunicado. Además, el Gobierno de Boric ha lamentado la decisión, considerándola como un grave precedente en el ámbito político del país, con los portavoces del Ejecutivo expresando su respeto por el fallo, pero advirtiendo sobre las implicaciones que puede tener para la política chilena.

La controversia sobre la compra de la casa de Salvador Allende se intensificó desde su anuncio el 30 de diciembre, cuando la administración de Boric reveló planes para adquirir la propiedad por 933 millones de pesos. Sin embargo, tan solo tres días después, el Gobierno retrocedió, alegando que no era posible proceder con la compra debido a la estructura de copropiedad que existe dentro de la familia. Esto generó aún más críticas hacia la gestión de Boric y su equipo, llevando a renuncias en su gabinete.

Este acontecimiento marca un capítulo significativo en la historia política chilena y podría influir en las dinámicas del próximo ciclo electoral, ya que muchos se preguntan cómo la situación de Isabel Allende afectará la percepción pública sobre el Partido Socialista y su capacidad para competir en un país que busca superar su turbulento pasado.