Las empresas distribuidoras de electricidad, agrupadas en Empresas Eléctricas AG, han revelado que en 2024 se reportaron alarmantes 1.200 casos de robo de cables, afectando a más de 540 mil clientes en todo el país.

La alarmante sustracción de casi 600 kilómetros de líneas eléctricas ha dejado a muchos hogares, escuelas, centros de salud y servicios esenciales sin suministro, poniendo en riesgo no solo la vida y seguridad de las personas, sino también la estabilidad de la infraestructura del país.

Representantes del gremio advirtieron que estos delitos no son solo una cuestión de robo, sino un fenómeno criminal de alto impacto. Juan Meriches, director ejecutivo de Empresas Eléctricas AG, enfatizó: “Estamos vulnerando el acceso de las personas a un servicio esencial y poniendo en riesgo la vida de todos los involucrados”.

Este episodio de delincuencia ha alcanzado niveles críticos: los datos indican que en los últimos cuatro años ha habido más de 5.800 casos de robo, con la sustracción acumulada de cerca de 1.900 kilómetros de conductores eléctricos. Para tener una idea del impacto, la cantidad de cable robado representa la distancia entre la Región Metropolitana y la Región de La Araucanía.

El gremio también ha sido proactivo, presentando 546 querellas y denuncias en el último año. Sin embargo, creen firmemente que es esencial implementar políticas públicas más efectivas para combatir este problema, especialmente en lo que respecta al comercio ilegal de cobre robado.

“Es prioritario que el Congreso avance en proyectos clave para enfrentar esta actividad delictiva. Necesitamos herramientas más eficaces para sancionar y prevenir este tipo de criminalidad. La seguridad de nuestras comunidades y la operación de nuestras infraestructuras están en juego”, agregó Meriches.

La cooperación ciudadana es vital en este esfuerzo. Las empresas han instado a la comunidad a denunciar estas prácticas ilegales y han solicitado a las autoridades que fortalezcan las medidas de control y fiscalización.

“Proteger la continuidad y seguridad del suministro eléctrico es una tarea compartida. Necesitamos coordinación entre el sector público y privado, un compromiso duradero y decisiones firmes que desalienten estos delitos que amenazan nuestra calidad de vida”, concluyó Meriches.

La magnitud de esta crisis no debe ser subestimada, y es crucial que todos los sectores de la sociedad colaboren para frenar este flagelo que afecta a miles de chilenos. ¡No permitamos que el robo de cables apague nuestra luz!