El pasado martes, la Duma Estatal de Rusia, la Cámara Baja del Parlamento, aprobó un controvertido proyecto de ley que establece severas sanciones para quienes promuevan mensajes en contra de la maternidad y la paternidad. Esta medida se inscribe en un contexto de creciente ultraconservadurismo que ha caracterizado al gobierno del presidente Vladimir Putin en los últimos años.

La nueva legislación pretende penalizar la difusión de discursos que puedan desincentivar a las parejas a tener hijos, aplicándose no solo a medios de comunicación tradicionales, sino también a las redes sociales y otras plataformas digitales. Las multas son exorbitantes: hasta 400,000 rublos (más de 3,800 euros) para individuos y hasta cinco millones de rublos (aproximadamente 48,000 euros) para organizaciones, sobre todo cuando los mensajes llegan a ser vistos por menores.

Además, en el caso de ciudadanos extranjeros, a las sanciones monetarias se suma el riesgo de deportación y un posible arresto administrativo de hasta 15 días. Una jugada que se debate entre la retórica del conservadurismo y la supresión de libertades individuales.

El presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, aclaró que la legislación está diseñada para combatir lo que se define como "ideología destructiva", pero aseguró que las mujeres que decidan no tener hijos no serán perseguidas por su elección personal. Este razonamiento es similar al que el gobierno ha utilizado para justificar otras leyes que restringen la propaganda LGTBI, resaltando un patrón de control ideológico que busca alinear la sociedad a los valores tradicionales promovidos por el Kremlin.

Este desarrollo legislativo provoca inquietudes sobre la dirección que está tomando Rusia en términos de derechos individuales y libertades civiles. Expertos advierten que la ley podría servir como un mecanismo de censura más amplio, limitando las discusiones sobre la planificación familiar y los derechos reproductivos en la sociedad.

En un país donde la tasa de natalidad ha estado disminuyendo en los últimos años, el gobierno parece estar intentando revertir esta tendencia mediante medidas coercitivas en lugar de proporcionar apoyo real a los padres y las familias. Una cuestión que merece un debate más profundo, especialmente en el contexto de los derechos humanos y la libertad de expresión.