Introducción

Desde el 6 de septiembre de 2019, un grupo de 19 víctimas del estafador Alberto Chang ha luchado en los tribunales contra el Banco de Chile y el Banco Santander, acusándolos de ser responsables por su negligencia en el multimillonario fraude que dejó a muchos inversionistas en la ruina. Este caso, que se tramita actualmente en el 25° Juzgado Civil de Santiago, ha capturado la atención del público desde que los fraudes de Chang salieron a la luz en abril de 2016.

Contexto del Caso

Con un total de 121 demandantes, entre los que se encuentran el popular animador José Miguel Viñuela y la actriz Josefina Montané, estas víctimas demandan la restitución de $15.000 millones, una suma que se ha vuelto emblemática en este escándalo. Los abogados que defienden a estas víctimas son Rodrigo Rettig, Raúl San Martín, Francisca Valenzuela y Pamela Goldbaum, quienes argumentan que los bancos fallaron gravemente en cumplir con sus obligaciones legales.

Falta de Acción de los Bancos

El núcleo de la controversia gira en torno a la supuesta falta de acción de los bancos al no informar sobre operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Según los demandantes, la falta de acción por parte de las entidades financieras permitió que Chang defraudara a sus clientes de manera sistemática.

Informe Legal Reciente

Recientemente, los demandantes presentaron un informe legal exhaustivo elaborado por Iñigo de la Maza Gazmuri, un abogado de renombre con un doctorado en derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Este informe sostiene que los bancos no sólo incumplieron con sus obligaciones legales bajo la Ley 19.913, que regula el lavado de activos, sino que su inacción facilitó el fraude perpetrado por Chang.

Obligaciones de los Bancos

De la Maza destaca que la ley obliga a las instituciones financieras a informar cualquier operación que parezca inusual o sin justificación. El incumplimiento de esta norma podría hacer que los bancos sean penalizados legalmente. El informe argumenta que si los bancos hubieran actuado con responsabilidad, podrían haber evitado el fraude, sugiriendo que su complicidad fue, de alguna manera, un factor que permitió el oportunismo de Chang.

Defensa de los Bancos

El análisis también aborda la defensa de los bancos, que niegan ser responsables argumentando que su papel no es el de 'garantes' del sistema financiero. Sin embargo, De la Maza contesta que las instituciones financieras tienen un deber especial en la prevención del lavado de activos debido a su acceso privilegiado a información sobre operaciones inusuales.

Refutación a la Defensa

Además, el informe refuta la hipótesis de que los fondos ya estaban fuera de las cuentas cuando se podría haber presentado un informe. De la Maza señala que el sistema de prevención de lavado de activos está diseñado para actuar de manera anticipada, y que al no hacerlo, los bancos privaron al sistema de su recurso más crítico: la información.

Responsabilidad de las Víctimas

Finalmente, el informe desestima los intentos de los bancos de responsabilizar a las víctimas argumentando que actuaron de manera imprudente al invertir. De la Maza sostiene que quienes invierten en empresas que parecen seguir normas de mercado son razonables en su confianza y no pueden ser considerados imprudentes simplemente por confiar en el sistema.

Conclusión

Este caso no sólo resalta la fragilidad de la protección del sistema financiero en Chile, sino que también plantea preguntas cruciales sobre la ética y la responsabilidad de las instituciones financieras en la salvaguarda de los bienes de los ciudadanos. La audiencia final de este caso promete ser un evento trascendental que podría cambiar el panorama del sector bancario en el país.