El Gobierno chileno ha salido en defensa de las cifras sobre migrantes irregulares, luego de que la oposición cuestionara su inclusión en la estimación de población extranjera, alegando que esto "normaliza la clandestinidad".

Rodrigo Sandoval, exjefe de Migraciones durante el mandato de Michelle Bachelet, argumentó que contar con estos datos es crucial para que el Estado pueda "planificar adecuadamente" políticas públicas que afecten áreas tan importantes como la salud y la educación.

A cierre de 2023, se estima que en Chile residen 1.918.583 personas extranjeras, según la información más reciente del Servicio Nacional de Migraciones y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). De estos, aproximadamente un 17,6% -es decir, 336.984 personas- se encuentran en situación irregular. Esta inclusión en la población total ha sido objeto de críticas por parte de la oposición, quienes acusan al gobierno de hacer un intento de "normalizar la clandestinidad".

No obstante, Sandoval insistió en que tener acceso a estas cifras permite al Estado implementar políticas que protejan a los ciudadanos chilenos, evitando que sufran por el exceso de presión en los servicios públicos como salud y educación, que actualmente presentan tensiones debido a la alta demanda.

En este contexto, la priorización de migrantes vulnerables para el acceso a servicios de salud y educación ha surgido como un tema crítico en la reforma de migraciones que revisa el Senado, generando debate y distintos puntos de vista en la situación actual.

Camila Musante, diputada y jefa de la bancada independiente PPD, criticó duramente la postura de la oposición, mientras que su colega Catalina Pérez, del ex Frente Amplio, celebró la "transparencia" del gobierno en este asunto, argumentando que "un país serio no basa su política migratoria en especulaciones o datos imprecisos".

A pesar de las controversias, es evidente que la situación de los migrantes irregulares en Chile es un tema que seguirá generando debate no solo en el ámbito político, sino también entre la sociedad civil, que enfrenta los desafíos de inclusión y cohesión en un contexto de creciente diversidad. ¿Cómo afectará esto a la cohesión social en el futuro?