El gobierno de Nicolás Maduro ha emitido un fuerte comunicado para rechazar la reciente decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump, de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Esta medida, según Caracas, constituye una forma de "criminalizar de manera infame e injusta" a los migrantes venezolanos, quienes son considerados por el régimen chavista como víctimas de las sanciones impuestas por el país norteamericano y otros gobiernos occidentales.

En su declaración, Venezuela calificó esta ley como "anacrónica, violatoria de los derechos humanos e ilegal". El gobierno venezolano sostuvo que esta acción evoca "los episodios más oscuros de la historia de la humanidad" y denunció que sus ciudadanos en EE.UU. están siendo objeto de persecución. Según el anuncio de Washington, la invocación de esta ley tiene como objetivo acelerar las deportaciones masivas de miembros de la banda Tren de Aragua, originaria de Venezuela.

La decisión establece que todos los venezolanos mayores de 14 años que pertenezcan a esta banda y que se encuentren en EE.UU. sin estar naturalizados ni ser residentes permanentes legales, están sujetos a detención y expulsión bajo la categorización de "enemigos extranjeros".

Además, el gobierno de Caracas ha expresado su indignación ante lo que califica como una "amenaza de secuestro de menores de 14 años de edad", afirmando que es inaudito clasificar a niños como miembros de grupos terroristas en un documento oficial. Según el chavismo, los venezolanos que abandonaron su país lo hicieron en busca de "alternativas de vida" debido a las "penurias" generadas por lo que ellos describen como un "bloqueo criminal" por parte de EE.UU.

"No son terroristas, no son criminales ni 'enemigos extranjeros'. Son víctimas", subrayó el régimen, arremetiendo nuevamente contra líderes opositores a quienes acusa de haber solicitado repetidamente la implementación de sanciones unilaterales y de haber creado una red de tráfico de personas.

Históricamente, la Ley de Enemigos Extranjeros fue utilizada durante la Segunda Guerra Mundial, cuando aproximadamente 120,000 japoneses y estadounidenses de origen japonés fueron detenidos. Este hecho ha suscitado críticas y preocupaciones sobre la revocación de derechos humanos, empeorando la relación entre Venezuela y Estados Unidos.