Los diputados de oposición, Roberto Arroyo y Karen Medina, han solicitado una sesión especial para abordar el alarmante aumento de la violencia en las cárceles de Chile, un problema que ha ido en escalada y que exige respuestas inmediatas del gobierno.

Esta demanda surge tras un reciente incidente donde un interno fue apuñalado en la cárcel de San Antonio, lo cual ha encendido las alarmas respecto a la situación de seguridad en estos recintos penitenciarios. Según los parlamentarios, este ataque revela la crítica realidad que enfrentan tanto los internos como el personal de Gendarmería.

"La sobrepoblación y las condiciones inadecuadas que prevalecen en las cárceles están convirtiendo estos lugares en verdaderos focos de peligro. Es urgente que se revise esta situación para garantizar un ambiente seguro y digno para todos los involucrados", expresó el diputado Roberto Arroyo.

El ataque en San Antonio dejó al recluso, de 34 años, en estado grave y resalta el preocupante acceso a armas dentro de las prisiones y la falta de control efectivo sobre estas situaciones por parte de las autoridades. Arroyo advirtió: "No podemos permitir que nuestras cárceles se transformen en núcleos de criminalidad organizada. La violencia intracarcelaria es una señal clara de que el sistema necesita una intervención inmediata".

La diputada Karen Medina, quien también ha sido vocal en esta discusión, subrayó los serios problemas que genera el hacinamiento extremo en las cárceles. "Este gobierno no ha tomado medidas efectivas para abordar la sobrepoblación carcelaria, lo que ha llevado al colapso de los espacios penitenciarios, resultando en situaciones extremas como suicidios dentro de estas instalaciones y el surgimiento de redes delictivas operando desde el interior", declaró.

Medina también hizo hincapié en la falta de programas de reinserción social. "La crisis afecta directamente los esfuerzos de reinserción, que prácticamente son inexistentes. La falta de recursos y programas efectivos sólo exacerba este problema", argumentó.

"Los escasos fondos que existen se utilizan principalmente para mitigar los efectos del hacinamiento, sin abordar soluciones a largo plazo. Esta situación no solo pone en riesgo a los internos, sino que también tiene consecuencias graves para la sociedad en su conjunto", añadió.

Ambos legisladores concluyeron que el hacinamiento, las deplorables condiciones de vida y la falta de recursos destinados a la reinserción social agravan esta problemática. "Llamamos al gobierno a priorizar este tema, no solo como una cuestión de seguridad, sino también como un asunto de derechos humanos. La ciudadanía tiene derecho a saber que hay soluciones en marcha", concluyó Medina.

Esta solicitud de sesión especial tiene como objetivo abrir un espacio de diálogo donde se puedan proponer acciones concretas frente a una crisis que no solo afecta a los internos, sino también a la seguridad del país, especialmente a la luz de los múltiples episodios de violencia que han sacudido los recintos penitenciarios durante este 2024.