Un nuevo escándalo sacude a la justicia chilena. Diputados del Partido Socialista (PS), Partido Por la Democracia (PPD) y del Partido Radical (PR) están considerando presentar una acusación constitucional contra el Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco. Esto se produce tras revelaciones que aseguran que Blanco mantuvo una reunión clandestina con la abogada Paula Vial, quien defiende a Jorge Valdivia, exfutbolista y actual detenido por un grave caso de violación.

De acuerdo a fuentes cercanas, el objetivo de dicha reunión sería presionar para que se agilice un recurso de amparo en favor de Valdivia, quien se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Rancagua. Este hecho ha levantado una ola de críticas entre los legisladores, quienes advierten de la falta de transparencia y potencial influencia indebida sobre el poder judicial.

Según el medio Interferencia.cl, la reunión no fue registrada en la agenda institucional, lo que contraviene la ley de lobby que exige a altos funcionarios públicos hacer pública su agenda de encuentros.

La diputada Camila Musante, jefa de la bancada del PPD, no se quedó de brazos cruzados y declaró que el asunto es “gravísimo”, lo que plantea dudas sobre la independencia del sistema judicial. "Una vez más, la Corte Suprema parece intervenir en el accionar de la justicia. Esto compromete gravemente la integridad del sistema judicial" expresó Musante, dejando entrever que la acusación constitucional es una opción viable.

Por su parte, el diputado socialista Marcos Ilabaca subrayó que este tipo de incidentes alimentan la desconfianza en el sistema judicial, aumentando la sensación de que hay una “justicia para ricos y otra para pobres”. La indignación por este caso se suma a otros recientes escándalos, llevando a los chilenos a cuestionar la impartialidad del sistema.

El diputado Tomás Lagomarsino, del PR, enfatizó la gravedad de la situación, no solo en términos de la reunión en sí, sino también por la influencia de ciertos abogados en las decisiones judiciales. "Es urgente que se implementen las reformas necesarias para garantizar la integridad y el buen funcionamiento del sistema judicial en Chile", concluyó.

Este conflicto es parte de una serie de incidentes que han llevado a un resurgimiento de las críticas hacia el sistema judicial en el país. Con protestas en las calles y un creciente descontento social, la situación podría escalar aún más si las autoridades no toman medidas claras y efectivas.