La defensa del general (r) de la Fuerza Aérea de Chile, Roberto Avendaño, ha presentado una solicitud de sobreseimiento definitivo tras su formalización por el delito de homicidio culposo en relación a la trágica caída del avión Hércules C-130 en el Paso Drake en 2019, que resultó en la muerte de 38 personas, incluyendo a miembros de la Fuerza Aérea y sus familiares.

Avendaño, quien fue el responsable de otorgar un certificado de aeronavegabilidad a esta aeronave, es acusado de actuar negligentemente, ya que se alega que el avión no cumplía con las condiciones técnicas necesarias para volar e incluso tenía problemas en una de sus hélices.

El abogado de Avendaño, Jorge Martínez, argumentó ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas que dicho certificado fue emitido bajo el 'principio de confianza', ya que, según su explicación, los generales anteriores habían verificado las condiciones técnicas del avión. Ello plantea interrogantes sobre la cadena de responsabilidad y la falta de protocolos claros en la certificación de aeronaves en la Fuerza Aérea.

Además, la defensa ha solicitado, como solución alternativa, que se declare la prescripción de la acción penal, argumentando que han pasado más de cinco años desde el siniestro, el cual ocurrió el 9 de diciembre de 2019, y que no se ha presentado ninguna querella formal en su contra.

Sin embargo, el Ministerio Público, encabezado por el fiscal de Punta Arenas, Sebastián González, refutó esta afirmación, señalando que en noviembre se amplió la querella de manera explícita contra el general retirado. La fiscalía también aclaró que la investigación fue formalizada antes del 9 de diciembre de 2024, lo que, según ellos, interrumpe el plazo de prescripción.

Durante la audiencia de este miércoles, el fiscal retrucó los argumentos de la defensa, afirmando que el papel de Avendaño en la certificación de aeronavegabilidad no se limitó a una simple verificación, sino que implicó una responsabilidad directa en el estado de la aeronave.

La audiencia se suspendió y se reanudará el viernes 17 de enero, donde se expondrán los argumentos de los querellantes y se resolverá sobre el posible sobreseimiento, la prescripción y cualquier medida cautelar que se considere necesaria. Este caso ha captado la atención del público, pues reabre el debate sobre la seguridad en las operaciones aéreas de la Fuerza Aérea y la responsabilidad de sus altos mandos.