La reciente condena en segunda instancia a Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina, por corrupción ha desatado un intenso debate en el país. A pesar de la sentencia que incluye seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, Cristina planea apelar ante la Corte Suprema, lo que le permitirá evitar, al menos por ahora, cumplir la pena. Este escenario ha revitalizado su imagen como 'perseguida política', un rol que ha abrazado tras recibir la sentencia.

Detrás de este enredo legal, Cristina se encuentra en una posición política estratégica como lideresa del Partido Justicialista. Esto la posiciona como una posible candidata para las elecciones legislativas de 2025, a menos que se apruebe la controversial ley de Ficha Limpia, que prohibiría a los condenados -aunque no con sentencia firme- presentarse a elecciones.

La condena, confirmada recientemente por la Cámara Federal de Casación Penal, tiene raíces en la adjudicación de obras públicas a Lázaro Báez, un empresario también condenado dentro de esta causa llamada “Vialidad”. El fallo, que abarca más de 1.500 páginas, describe un esquema de corrupción y relevó cómo las altas autoridades de la administración pública facilitaron el desfalco al Estado.

Cristina Kirchner ha intensificado su defensa, argumentando que su condena es un acto de injusticia, apoyada por su base de seguidores que la adulan como víctima de un sistema que busca despojarla de su legado y su poder político. En un país donde la política y la legalidad a menudo se entrelazan de formas complicadas, su estatus de exmandataria le otorga ciertos privilegios en comparación con otros ciudadanos.

Con más de 70 años, Cristina podría optar por prisión domiciliaria si se ejecuta la condena. En febrero de 2024, cumple 72 años y, según la ley, esto le permitiría solicitar este tipo de condena. Además, la Corte Suprema de Justicia se encuentra en una fase de renovación, lo que podría retrasar aún más cualquier resolución sobre su caso, similar a lo que sucedió con el expresidente Carlos Menem, quien nunca cumplió pena efectiva.

Los ojos están puestos ahora en el Congreso, donde se debate la ley de Ficha Limpia. Si esta avanza y se aprueba antes de las elecciones, se cerraría la posibilidad de que Cristina se postule en 2025, dejándola fuera de la arena electoral. Sin embargo, el respaldo necesitará de una mayoría sólida; está claro que los votos en la Cámara de Diputados están lejos de estar asegurados, lo que añade una nueva capa de tensión a la situación política actual.

Sumando a su complicado escenario, Cristina enfrenta al menos tres causas adicionales que la mantienen en el centro de la controversia. Con detalles sobre lavado de activos y presuntas operaciones ilegales que involucran a su familia, el camino hacia el futuro político de la exmandataria se presenta incierto pero cargado de dramatismo. ¿Logrará esquivar la legalidad una vez más y dar un golpe de efecto en las próximas elecciones? Solo el tiempo lo dirá.