Recientes informes internos de la Universidad de La Frontera revelan un preocupante panorama financiero, marcado por irregularidades que han llevado a esta institución a una crisis profunda. CIPER ha obtenido copias de estos informes, los cuales auditaron cientos de cuentas corrientes institucionales. El análisis ha puesto en evidencia un alarmante aumento superior al 100% en el gasto de remuneraciones, el uso indebido de fondos del Fondo Solidario de Crédito Universitario, y la acumulación de deudas millonarias fuera de las normativas legales vigentes.

La situación financiera se tornó crítica después de la salida del rector Eduardo Hebel y el despido de 298 académicos y empleados. El exdirector de Finanzas, Orlando Delanoe, reconoció que para julio de 2024 la universidad ya no podía cubrir los salarios, lo que los llevó a solicitar un sobregiro en el Banco Santander, un acto que contravenía las regulaciones establecidas para el endeudamiento en universidades públicas.

Las auditorías iniciadas por el nuevo vicerrector de Administración y Finanzas, Sergio Salgado, revelaron cuantiosas irregularidades en el uso de los recursos del Aporte Institucional de Universidades Estatales (AIUE), con fondos no rendidos que superan los 4.000 millones de pesos. Además, el manejo del Fondo Solidario también arrojó serios problemas, con un uso indebido estimado en más de 11.000 millones de pesos.

Pero eso no es todo. Las auditorías detectaron una alarmante falta de control interno, con discrepancias millonarias en los saldos de cuentas corrientes y la ausencia de manuales de procedimientos, lo que ha provocado una crisis de transparencia dentro de la universidad. El informe reveló diferencias en las cuentas que ascienden a 173 millones de pesos en 2019, hasta alcanzar cifras negativas en años posteriores.

La incapacidad de la universidad para gestionar sus finanzas adecuadamente ha llevado a los nuevos administradores a implementar auditorías exhaustivas y revisar los procesos administrativos, lo que podría dar paso a nuevas sanciones o demandas contra los responsables anteriores. La Junta Directiva, compuesta por representantes del gobierno y académicos destacados, se reunirá para evaluar la situación y decidir los próximos pasos frente a esta inestabilidad financiera.

A medida que se revelan más detalles sobre el caos administrativo en la Universidad de La Frontera, se intensifican las críticas hacia la gestión previa y se plantean interrogantes sobre el futuro de la institución. Los estudiantes y el personal exigen respuestas, y la comunidad educativa se pregunta si esta crisis se puede revertir o si estamos ante el final de una era. La universidad se enfrenta no solo a un desbalance financiero, sino a una crisis de confianza que podría tardar años en sanar.