La Municipalidad de Chillán atraviesa una grave crisis en las últimas semanas. Richard Guzmán, el secretario general del municipio y estrecho colaborador del alcalde Camilo Benavente (PPD), fue formalizado el 10 de marzo por tres delitos de negociación incompatible. Estuvo suspendido desde abril de 2024 y había presentado su renuncia el 17 de diciembre anterior tras revelarse múltiples irregularidades en su gestión como administrador municipal.

La situación se agravó tras una investigación liderada por Sergio Pérez, fiscal jefe de Ñuble. La denuncia inicial provino del diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, quien evidenció la involucración de Guzmán en la contratación de su socio Carlos Araya Sandoval en la municipalidad, donde previamente ambos habían fundado la empresa VICAR SpA en 2017. Aunque Guzmán alegó que la empresa nunca inició operaciones, se evidenció que utilizó su posición para favorecer a conocidos y familiares, lo que llevó a un informe de Contraloría que confirma numerosas irregularidades administrativas.

Uno de los correos incriminatorios reveló que Guzmán presionó para que su socio Araya fuera contratado como director de Secpla. En cuestión de semanas, Araya ascendió de ser el encargado de transparencia a director de una unidad clave, con un salario cercano al de Guzmán, sólo por debajo de los $7.460.070.

Durante su administración también se detectaron irregularidades en la contratación de familiares directos de Araya, quienes recibieron pagos por cerca de $2 millones.

El escándalo no terminó allí. En septiembre de 2021, Carlos Araya lanzó su campaña para convertirse en Consejero Regional de Ñuble, recibiendo apoyo visible de destacados militantes del PPD, incluyendo a Guzmán. Sin embargo, las investigaciones de la Contraloría indicaron que muchas actividades de su campaña se llevaron a cabo dentro del horario laboral, evidenciando un conflicto de interés, ya que Araya sólo trabajó nueve días durante su campaña.

Además, las contrataciones de personal no calificado gracias a la influencia de Guzmán alcanzaron a personas cercanas, que fueron empleadas en el municipio a pesar de no tener experiencia previa. Un caso particular fue el de las hermanas Fernanda y Nicole Calderón, cuya contratación se dio tras solicitudes directas de Guzmán.

Otro hecho alarmante fue el del viaje a Argentina de la funcionaria Lily Fariña Jeldres, quien estuvo de licencia médica pero fue vista viajando con Guzmán. Este episodio está siendo investigado junto a otros desplazamientos a Estados Unidos, lo que plantea serias sospechas sobre el uso indebido de licencias y permisos en el municipio.

La situación en Chillán plantea dudas sobre la transparencia en la administración pública y el manejo de recursos, y la comunidad observa cómo se desarrollan las investigaciones mientras se aproxima una nueva contienda electoral.

Es una llamada de atención sobre cómo la corrupción puede entorpecer el trabajo en beneficio de los ciudadanos.