La reciente crisis en el Servicio de Registro Civil e Identificación ha llevado al director nacional, Omar Morales Márquez, a solicitar la renuncia de Jorge Zúñiga Cabezas, director regional Metropolitano. Este tumulto se desató el pasado lunes, cuando miles de migrantes se aglomeraron en las afueras del Estadio Víctor Jara, esperando enrolarse.

La controversia comenzó la semana pasada cuando se anunció que del 16 al 20 de octubre los migrantes debían dirigirse al recinto deportivo para llevar a cabo este proceso. Sin embargo, la confusión reinante y la falta de planificación adecuada desataron un caos innecesario entre los asistentes, muchos de los cuales debieron esperar largas horas.

Aunque el comunicado oficial del Registro Civil no establece vínculos directos, la salida de Zúñiga coincide con las aglomeraciones generadas por el llamado masivo para el enrolamiento. En su lugar, Katherine Jorquera Reyes asumirá el cargo interinamente hasta que se designe un subrogante tras un concurso por Alta Dirección Pública.

Morales reconoció que la situación fue una "lamentable confusión" y relacionó la crisis con lo que se denomina el "efecto llamado", un fenómeno donde el anuncio de regularización por parte del Ejecutivo provocó una respuesta masiva de migrantes.

El miércoles, en una entrevista con Radio Duna, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, expresó que "lo que sucedió en el Registro Civil es un problema serio de gestión… fue una inadecuada gestión en términos de anuncio público, que se realizó masivamente a través de redes sociales. No hay nada más que hacer autocrítico en eso".

Este proceso de enrolamiento, que se relaciona con el artículo 44 de la Ley de Migraciones, busca otorgar un RUT (Rol Único Tributario) provisional a los extranjeros, permitiéndoles acceder a servicios esenciales como la salud y la educación. Es crucial aclarar que este proceso no implica regularizar la situación migratoria de los asistentes.

La crisis ha suscitado amplios debates sobre la eficiencia del sistema de registro y la necesidad de una reforma que garantice un trato humano y ordenado para todos los migrantes. Las autoridades ahora se enfrentan a la difícil tarea de contener el descontento social y mejorar la imagen de las instituciones encargadas de estos servicios.