Las familias de los cuatro niños que desaparecieron el 8 de diciembre en Ecuador están al borde del desespero mientras esperan los resultados de los exámenes forenses realizados a los cuerpos calcinados encontrados recientemente.

Los menores, con edades entre 11 y 15 años, fueron vistos por última vez en el barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, donde fueron detenidos por una patrulla militar. Las imágenes de cámaras de seguridad revelaron que estaban caminando cerca de un centro comercial cuando fueron abordados por individuos vestidos con uniformes militares.

Lamentablemente, los niños fueron trasladados a una zona rural en Taura, cerca de una de las principales bases de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), lo que ha levantado muchas sospechas sobre la implicación del ejército en su desaparición.

Aunque las autoridades alegaron que los niños estaban involucrados en un robo, el fiscal del caso ha indicado que no hay evidencia suficiente para sustentar este argumento. Aparentemente, los militares aseguraron haber liberado a los menores esa misma noche, lo que ha dejado a las familias en un estado de confusión y angustia.

El director ejecutivo del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) en Guayaquil, Billy Navarrete, informó que la identificación de los cuerpos, dañados por las llamas, es muy complicada. Inicialmente, se descartaron las pruebas dactilares y ahora se están llevando a cabo exámenes antropológicos que examinan características físicas, como heridas previas o fracturas, que podrían asociarse a los menores desaparecidos.

Si estos análisis no arrojan conclusiones, el siguiente paso implicará pruebas de ADN, lo que podría demorar entre 30 y 40 días. Este prolongado proceso ha intensificado la angustia de las familias que solo buscan respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.

La situación es cada vez más dramática y, de comprobarse que los restos carbonizados pertenecen efectivamente a los niños, podría haber un cambio significativo en la tipificación del delito, pasando de una desaparición forzada a un caso de ejecución extrajudicial. Además, la conmoción social por este caso está llevando a muchos a exigir justicia y una investigación más profunda sobre lo ocurrido, creando un debate sobre la brutalidad militar y la protección de los derechos humanos en Ecuador.

A medida que este trágico evento se desarrolla, se intensifican las voces que piden explicaciones claras del gobierno y una reforma en las fuerzas de seguridad para evitar que se repitan situaciones similares en el futuro. Las familias, desgarradas por la incertidumbre, continúan esperando respuestas, mientras el tiempo juega en su contra.