Preocupación en Chillán por el cierre de Siembra Montessori

Una gran controversia ha estallado en la comunidad de Chillán tras la inesperada decisión de la Superintendencia de Educación que ordenó el cierre del grupo educativo para menores de 6 años en la escuela Siembra Montessori. Esta medida afecta directamente a 32 niños, muchos de ellos con condiciones del espectro autista, generando un grave malestar entre padres y educadores.

Acusaciones de arbitrariedad y falta de apoyo

La comunidad educativa ha denunciado que la clausura es una decisión arbitraria, motivada por el reclamo de un vecino. La directora del establecimiento, Marcela Ortega, sostiene que la Superintendencia actuó de manera incorrecta, confundiendo a la institución con un jardín infantil cuando, en realidad, se trata de una comunidad de acompañamiento.

Ortega destacó que poseen toda la información necesaria para demostrar que su espacio no es un establecimiento educativo formal, sino un lugar que brinda apoyo especializado a los niños. Enfatizó que esta acción ha violado los derechos de los menores y de sus familias, creando un ambiente de discriminación y estigmatización.

Una alternativa para muchos niños con necesidades especiales

Rodrigo Vargas, un apoderado del establecimiento, explicó que muchas familias optaron por Siembra Montessori al no encontrar soluciones en el sistema educativo tradicional. Según Vargas, el sistema general no ha sido suficiente para atender las necesidades de niños con espectro autista, problemas de aprendizaje o casos de bullying. La escuela ha ofrecido un enfoque personalizado esencial para estos menores.

Denuncias de posibles conflictos de interés

Además, Vargas señaló que existe una posible irregularidad relacionada con uno de los vecinos que se opuso al establecimiento, quien trabaja en la Superintendencia y había anticipado una fiscalización. Tres días después, surgió la denuncia que llevó al cierre.

Implicaciones políticas y búsqueda de soluciones

La situación ha llegado al parlamento, donde el diputado Cristóbal Martínez ha expresado su apoyo a la comunidad afectada. Martínez anunció que presentarán el caso en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y exigirán respuestas formales del ministro y la Superintendencia.

El parlamentario se unió a la comunidad en una manifestación, señalando que el impacto del cierre en estas familias es enorme y que se necesitan investigaciones sobre posibles irregularidades, mencionando hasta tráfico de influencias. ¿Qué pasará con los 32 niños que ahora no podrán continuar con su educación?