La Corte Suprema de Chile ha dado un importante giro en la defensa de los derechos de los estudiantes, al acoger un recurso de protección presentado en contra del Colegio Sagrados Corazones de Hualpén. Un apoderado denunció un trato discriminatorio y la vulneración de los derechos de su hijo, un estudiante diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) nivel 1, quien había sido expulsado del establecimiento.

El alumno se unió al colegio en 2018 y desde finales de 2023 comenzó a experimentar un tratamiento discriminatorio que culminó en sanciones que incluyeron suspensiones y una condicionalidad de matrícula.

La Corte Suprema, en un fallo emitido el 2 de enero, revocó la decisión anterior de la Corte de Apelaciones de Concepción, la cual había desestimado la denuncia del apoderado. La superintendencia de Educación realizó una fiscalización que confirmó las infracciones y las medidas arbitrarias tomadas por el establecimiento educativo.

Drama educativo en el aula

El caso se ha convertido en un símbolo de las luchas por la inclusión en la educación. El informe de la superintendencia reveló que el colegio actuó en contra de su propio reglamento interno, dejando a la interpretación subjetiva de la dirección las sanciones aplicadas al estudiante.

"Es necesario que los colegios respeten la igualdad de oportunidades y no discriminen a los alumnos debido a sus necesidades educativas especiales", advirtió un experto en inclusión educativa. La Corte Suprema citó la Ley N° 20.422, que busca asegurar la igualdad de derechos para las personas con discapacidad.

Una de las controversias más impactantes fue un episodio donde compañeros del alumno realizaron una protesta en el patio del colegio, demandando un ambiente educativo menos hostil. Esta situación culminó en una crisis emocional severa para el niño, lo que despierta un debate sobre la necesidad de formación en educación inclusiva para los docentes.

La voz de los padres

El abogado del menor, Emilio Azat, ha señalado que existen otras denuncias en marcha que también fueron planteadas ante la superintendencia, aumentando la preocupación sobre la gestión del colegio respecto a estudiantes con TEA. La situación ha dejado a muchas familias cuestionando el compromiso de las instituciones educativas con verdaderas prácticas inclusivas.

El apoderado del alumno calificó la sentencia como un alivio tras una larga lucha, subrayando la importancia de que las escuelas asuman su responsabilidad en la inclusión, y advirtió sobre el mensaje peligroso que se envía al excluir a los niños que necesitan apoyo adicional.

Expertos reclaman formación adecuada

El mundo académico también se ha pronunciado. Antonella Urzúa, coordinadora de Fonoaudiología de la Universidad del Desarrollo, destacó que muchos colegios, a pesar de contar con protocolos, aún carecen de capacitación adecuada para enfrentar aulas cada vez más diversas. La capacitación en inclusión y neurodivergencia es vista como fundamental para evitar situaciones como la que vivió este estudiante.

Este fallo de la Corte Suprema no solo restituye a un estudiante en su derecho a educación, sino que también establece un precedente para la obligación de los establecimientos educativos de ofrecer un ambiente respetuoso y equitativo para todos los niños.