El gasto del Reino Unido en bienestar social está en un camino ascendente que preocupa a economistas y políticos por igual. Según la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, se estima que los gastos en beneficios superarán los 378 mil millones de libras para 2030, lo que representa un incremento del 25%. Esta tendencia se atribuye, en gran medida, al creciente gasto en pensiones y beneficios de salud relacionados con la incapacidad laboral, que cada vez se apodera de una mayor porción del PIB, pasando de un 1,7% a un 2,2% a finales de la década.

Este aumento en el gasto social no es solo una consecuencia de una población envejecida, sino que también está relacionada con las crisis modernas de salud, como la obesidad y los problemas de salud mental. Sin embargo, muchos argumentan que el sistema de bienestar británico es ineficiente y que necesita reformas significativas para hacer frente a la carga financiera que representa.

Los gobiernos anteriores han hecho cambios en los pagos de beneficios que han sido difíciles de revertir. Esto ha llevado a un sistema que a menudo funciona como una trampa en lugar de una red de seguridad efectiva. Ya existe una presión considerable sobre las finanzas públicas, especialmente teniendo en cuenta los compromisos del Primer Ministro de aumentar el gasto en defensa, lo que complica aún más la situación fiscal del país.

Para enfrentar estos desafíos, se anticipa que el gobierno presente planes para revisar el sistema de beneficios de salud e incapacidad. Se contemplan cambios en los pagos de incapacidad destinados a quienes no pueden trabajar debido a problemas de salud, así como pagos de independencia personal que no dependen del estatus laboral del beneficiario.

Una de las primeras acciones que debería considerar el gobierno es recalibrar el apoyo ofrecido a los beneficiarios. Actualmente, las personas con enfermedades graves reciben el doble que aquellas que son simplemente desempleadas. Esta disparidad distorsiona los incentivos y podría animar a algunos a presentarse como incapacitados. También se ha manifestado preocupación por los cambios propuestos en el Programa de Pagos por Incapacidad Personal (PIP), que podrían limitar el acceso a quienes realmente lo necesitan, añadiendo sufrimiento a la población vulnerable.

Además, es fundamental hacer un mayor esfuerzo para reincorporar a las personas al mercado laboral. Menos del 1% de quienes reciben el beneficio de incapacidad más alto logran encontrar trabajo mensualmente. Las reevaluaciones de estas ayudas deberían llevarse a cabo con mayor regularidad para reflejar los cambios en las circunstancias personales y fomentar el acceso a oportunidades laborales. Aunque esto requerirá inversión en personal y recursos, a largo plazo podría representar un ahorro significativo para el sistema de bienestar.

Más allá de los beneficios relacionados con la salud y discapacidad, el gobierno también debería considerar reformas en el sistema de pensiones. La garantía del 'bloqueo triple' que asegura aumentos anuales en los pagos de pensiones no es sostenible a largo plazo y necesita ser reevaluada para alinearse con un crecimiento salarial razonable.

Por último, es crucial reconocer que algunas soluciones para reducir el gasto en bienestar social pueden residir fuera de este sistema. La creciente demanda de subsidios de vivienda está directamente relacionada con la escasez de vivienda asequible, y el incremento de gastos vinculados a la salud está ligado al aumento de enfermedades mentales y crónicas. Por lo tanto, se necesita un enfoque holístico que implemente mejoras en la atención médica y social.

Obtener ahorros del sistema de bienestar no es fácil y requiere un compromiso político sólido, atención al detalle y una estrategia integral. La tentación de realizar recortes rápidos a los derechos o endurecer los criterios de elegibilidad no garantizará que la factura a largo plazo se reduzca. Gran Bretaña se enfrenta a un dilema complicado, y los próximos pasos que tome el gobierno serán cruciales para moldear el futuro del bienestar social en el país.