El Gobierno ha dado un ultimátum ante la crítica situación de la educación pública en la Región de Magallanes, en medio de la paralización de actividades de los profesores que exigen mejorar sus remuneraciones al nivel de otros profesionales del área. Esta medida surge tras la instrucción del Servicio Local de Educación Pública, que ordenó a todos los establecimientos iniciar las clases el lunes 7 de abril, una acción que los docentes consideran un chantaje humillante.

Alicia Aguilante, presidenta del Colegio de Profesores de Magallanes, expresaron su decepción hacia el Gobierno, el cual surgió de la denominada "revolución pingüina". "Es humillante, realmente intimida a los profesores que luchan por lo que les corresponde, por lo legal y justo. Nos amenazan con que si no volvemos el lunes, no habrá sueldo", aseguró Aguilante.

El Gobierno, por su parte, se ha negado a considerar un aumento salarial para los docentes, justificando su postura en el déficit financiero del SLEP de Magallanes. Esta situación se ha visto agravada por la promesa no consultada del director suspendido, Mario García, quien enfrenta un sumario administrativo.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, ha aumentado la tensión al afirmar que el ultimátum no es un chantaje, sino una realidad que no puede ser ignorada. Cataldo argumentó que la movilización de los profesores pone a los niños como rehenes, perjudicando su aprendizaje. "No es posible recuperar el tiempo perdido y debemos asumir la pérdida de aprendizaje en el territorio, algo inaceptable", afirmó.

Aunque algunos profesores han desistido de la movilización en algunas comunas, la mayoría continúa en paro, especialmente en Punta Arenas y Puerto Natales. Estas localidades han informado a medios locales que no regresarán a clases este lunes, mientras la situación educativa en la región sigue en crisis.

Es importante mencionar que esta lucha por mejoras salariales no solo afecta a los docentes, sino que también impacta la educación de miles de estudiantes que dependen de un sistema educativo funcional. En este contexto, la presión sobre el Gobierno para encontrar una solución aumenta, así como la preocupación de los padres por el futuro académico de sus hijos.