Desde su implementación en 2017, la Ley 14 ha sido un intento por atraer médicos especialistas a Puerto Rico, sin embargo, esta legislación ha excluido a pediatras y médicos de atención primaria, quienes también enfrentan desafíos económicos significativos.

Estos profesionales, que atienden a un amplio número de pacientes bajo planes de reforma, se encuentran con ingresos considerablemente reducidos.

La falta de respuesta del entonces Colegio Médico ante esta situación ha generado críticas, ya que muchos consideran que esta exclusión es una forma de discriminación contra sectores vitales de la salud.

Ahora, un nuevo proyecto de ley está en discusión, impulsando modificaciones a los incentivos existentes, pero las preocupaciones aumentan debido a que pudieran profundizar aún más los problemas que ya enfrenta el sistema de salud.

La situación plantea un dilema crucial: ¿cómo garantizar una atención médica adecuada para todos los puertorriqueños sin aumentar la carga sobre los profesionales de la salud?

La comunidad médica se encuentra en alerta máxima, y la necesidad de un cambio estructural se vuelve más urgente que nunca.