La reciente aprobación de la polémica ley N° 32210, que habilita a los odontólogos para llevar a cabo procedimientos quirúrgicos, ha desatado un intenso debate en Perú. Según el doctor Pedro Riega, decano nacional del Colegio Médico del Perú, esta nueva legislación no está combatiendo el ejercicio ilegal de la medicina, sino que en realidad lo está formalizando, lo que representa un grave riesgo para la salud pública.

La ley fue aprobada, según Riega, de forma apresurada y sin el debido análisis. En un diálogo abierto con diversas bancadas, el Colegio Médico explicó que otorgar competencias a odontólogos para realizar actos médicos es un paso peligroso, ya que estos profesionales no están capacitados para tratar la salud integral del ser humano. Los odontólogos están entrenados exclusivamente para procedimientos limitados y no cuentan con la preparación necesaria para manejar situaciones médicas completas.

Esto plantea serias preocupaciones, ya que implica que odontólogos podrían llevar a cabo procedimientos médicos delicados, incluyendo cirugía plástica, estética y otorrinolaringología. En un país donde la informalidad en la práctica médica es un problema creciente, la legalización de tales procedimientos puede poner en riesgo la vida de muchos peruanos.

Los riesgos para los pacientes son alarmantes. Desde hemorragias e infecciones hasta lesiones permanentes y, en casos más graves, la pérdida de la vida debido a la falta de preparación del odontólogo para realizar intervenciones complejas. La falta de una evaluación adecuada de las condiciones de salud previas de los pacientes puede resultar en complicaciones fatales que, de otro modo, podrían prevenirse.

Riega también enfatizó que esta ley podría considerarse como un intento de 'bajar la valla' en las exigencias de la medicina, lo que impactaría negativamente en la calidad de la atención de salud. La aprobación de esta ley ha transgredido el protocolo habitual de consulta a especialistas y al Ministerio de Salud, lo que ha provocado aún más recelo entre los profesionales de la salud.

Es pertinente cuestionar quiénes se benefician de la implementación de esta ley. Se ha especulado sobre la influencia de empresas extranjeras que capacitan a odontólogos en procedimientos médicos estéticos, lo que requiere una investigación más exhaustiva. La urgencia con la que se aprobó esta legislación sin considerar la opinión de expertos ha sembrado dudas sobre la transparencia del proceso.

Los defensores de esta ley argumentan que su objetivo es formalizar la práctica médica y ofrecer más opciones a los pacientes. Sin embargo, Riega observa que esto representa una desinformación evidente, y que en lugar de proporcionar abordajes seguros y adecuados, se está poniendo en peligro la salud de los ciudadanos.

La comunidad odontológica también ha sido criticada, como explicó Riega, ya que algunos líderes están promoviendo estas iniciativas en lugar de defender la práctica adecuada de su profesión. Con la presencia de empresas que ofrecen capacitaciones rápidas en áreas complejas, se crea un entorno donde la educación y el cuidado de la salud se ven comprometidos, lo que podría llevar a un aumento significativo de demandas y complicaciones dentro del sector.

En conclusión, la ley N° 32210 genera un panorama preocupante para la salud pública en Perú. Es crucial que se revisen las consecuencias de esta normativa y se tomen medidas para proteger a la población de prácticas que no garanticen una atención médica adecuada. ¡La salud de los peruanos está en juego!