En un impactante operativo realizado en Guayaquil, las autoridades han clausurado dos farmacias sospechosas de almacenar medicamentos que no solo eran robados, sino también falsificados. Se ha revelado que algunos de estos fármacos eran gratuitos y se ofrecían en centros de salud públicos, lo cual ha generado gran preocupación en la comunidad.

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) anunció el descubrimiento de "medicamentos irregulares" en estos establecimientos, un hallazgo que se dio a conocer tras recibir una denuncia del sector industrial sobre el robo de productos farmacéuticos. El operativo, inicialmente reportado el 3 de abril, reveló la magnitud de esta preocupante situación.

Luego de una exhaustiva revisión, se encontraron 17,453 etiquetas que se sospecha eran utilizadas para enmascarar la verdadera procedencia de los medicamentos robados. Además, se hallaron miles de sobres de suero oral con la advertencia "Medicamento Prohibido. Prohibida su venta", característica de los productos distribuidos en los centros de salud públicos.

"Es alarmante ver cómo se utilizan estos fármacos en actividades ilícitas. Pedimos a los pacientes que sean cautelosos incluso al comprar productos básicos como gasas", advirtieron médicos locales, demostrando la gravedad del asunto.

Arcsa también destacó que algunos de estos medicamentos presuntamente habían sido sustraídos de los canales oficiales de distribución, lo que añade un nivel de seriedad a la situación. Además, en un segundo sitio inspeccionado, se encontraron más productos que podrían haber sido obtenidos a través de contrabando.

Esta situación se da en un contexto donde la confianza pública hacia el sistema de salud es fundamental, y hace eco de la reciente iniciativa de la OMS para la distribución gratuita de medicamentos contra el cáncer infantil, que también llegarán a Ecuador.

Las autoridades han reafirmado su compromiso de seguir investigando y tomando medidas rigurosas para garantizar que los medicamentos que lleguen a la población sean seguros y legales, en un esfuerzo por proteger la salud de los ciudadanos.