El año 2025 se perfila como un hito crucial en la lucha contra el cambio climático, ya que los efectos de esta crisis se intensifican día a día. Nos enfrentamos a una realidad alarmante con fenómenos climáticos extremos cada vez más frecuentes: olas de calor abrasantes, sequías devastadoras, inundaciones catastróficas y tormentas tropicales que arrasan comunidades enteras. Este escenario se evidenció trágicamente en 2024 con la catástrofe ocurrida en Valencia, que se convirtió en el desastre natural más mortífero en la historia de España, cobrando la vida de alrededor de 227 personas.

La comunidad científica es clara: si no se implementan acciones urgentes y radicales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, las consecuencias serán irreversibles y se manifestarán en el corto plazo. Ecosistemas completos colapsarán, la producción de alimentos se verá amenazada y decenas de millones de personas se verán forzadas a abandonar sus hogares, creando un éxodo sin precedentes.

La mirada del mundo estará centrada en las negociaciones climáticas internacionales donde los líderes mundiales deberán tomar decisiones audaces para limitar el calentamiento global a 1.5 °C. Sin embargo, la participación activa de la sociedad civil, los activistas climáticos y el sector empresarial será crucial para lograr una transición hacia una economía más sostenible y resiliente.

La reciente Conferencia Anual del Clima, COP 29, finalizó el 21 de noviembre en Bakú, Azerbaiyán, marcada por el impacto político de la inesperada victoria de Donald Trump en Estados Unidos, lo que puede significar un cambio radical en la política climática estadounidense. Este giro ha suscitado preocupaciones sobre un posible retroceso en el financiamiento para la acción climática y en la voluntad de reducir el uso de combustibles fósiles, generando incertidumbre que podría poner en riesgo logros previos y el cumplimiento del Acuerdo de París, diseñado para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1.5 °C.

El financiamiento climático fue el tema central de la COP 29, pero a pesar de establecer una meta ambiciosa de 300 mil millones de dólares para 2035, esta cifra sigue estando muy por debajo de los más de un billón de dólares anuales que se estima que se requieren. Para los países en desarrollo, estos resultados son decepcionantes y ponen en tela de juicio su capacidad para afrontar los desafíos climáticos más urgentes.

En el sector agrícola, por otro lado, se produjo un aumento en las inversiones hacia prácticas agrícolas sostenibles, destacando iniciativas como AIM for Climate (Misión de Innovación Agrícola para el Clima), una colaboración entre Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos que se tradujo en un incremento de la inversión en agricultura inteligente, alcanzando los 29.200 millones de dólares desde una base de 17.000 millones de dólares en 2020.

Este aumento en la inversión refleja un compromiso importante del sector privado y de ONGs, y se espera que impacte aún más con la próxima COP 30, que se celebrará en Belém, Brasil. América Latina, siendo la región líder en exportación agrícola a nivel mundial, tiene la oportunidad de colocar al sector agrícola en el foco del debate climático global.

Con el evento en Brasil, se espera que se trace una hoja de ruta que priorice inversiones en investigación y desarrollo, así como políticas públicas que respondan a las necesidades de pequeños y medianos productores, quienes son vitales para la seguridad alimentaria de la región y el mundo, pero son los más vulnerables a los efectos del cambio climático.

En Argentina, por ejemplo, el impacto del cambio climático es palpable. La sequía histórica de 2023 ha llevado a una caída del 35,7% en las exportaciones de productos primarios, lo que representa una pérdida de 17.000 millones de dólares en comparación con el año anterior y ha afectado gravemente el PIB del país.

Ante este panorama desalentador, es crucial que la transición hacia sistemas de producción neutros en carbono no solo se considere una responsabilidad ambiental, sino una obligación moral que garantizará un futuro sostenible, reducirá la pobreza y asegurará la producción agrícola y la seguridad alimentaria del mañana. ¡El futuro del planeta depende de nuestras decisiones hoy!